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… La administración de la Justicia

… La administración de la Justicia
Actualizado 10 septiembre 2018  
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P. José Antonio Fortea   


Siempre he hablado sobre el altísimo concepto que tengo de la administración de la Justicia
 

 
La decisión de Barbara Underwood, fiscal general del Estado de Nueva York, de emprender una investigación como la de su colega del Estado de Pensilvania es completamente legal, legal e injusta.
 
El 6 de septiembre la noticia estaba dando la vuelta al mundo la noticia de las órdenes (subpoenae) respecto a los archivos y las diócesis todavía no habían recibido el documento. Se informó antes a la prensa que a las diócesis, dejándolas en una situación de indefensión. Cuando la noticia saltó a la prensa, la archidiócesis de Nueva York tuvo que limitarse a decir que no sabían qué les iban a pedir, volviendo irrelevantes sus declaraciones, transformándolas en un mero “todavía no sabemos”.
 
Este es el rostro de la fiscal: Pulse para ver
 
En fin, el caso es que esta señora ha decidido (antes de presentarse a las elecciones) emprender un castigo contra la institución que ha llevado la más profunda reforma en el campo que le acusa. Un castigo-campaña-cruzada contra la que ha llevado una clara política de transparencia. Si hubiéramos visto algún resultado positivo en Pensilvania, yo mismo diría: “Ha sido duro, pero había que hacerlo”. Porque yo soy el primer interesado en la Justicia. A la Iglesia solo se le puede defender con la justicia y la verdad, no con medios torticeros. Pero lo de Pensilvania se gestionó de un modo que no tiene nada que ver con la administración de la Justicia.
 
Es algo conocido por todos los jueces y fiscales que no se deben emprender determinadas acciones legales en ciertas circunstancias. Por ejemplo, es legal, pero moralmente reprobable, emprender una larga investigación contra un candidato una semana antes de las elecciones.
 
Es moralmente reprobable no mantener el secreto de una investigación en una empresa a sabiendas de que si se hace pública esa investigación puede hacer quebrar a una empresa. Después puede verse que no es necesario ni siquiera continuar con las investigaciones, pero si la empresa ya ha quebrado, nada se puede hacer. Los ejemplos podrían seguir y seguir.
 
No todo lo legal es moral. Tampoco es moral centrarse en una sola confesión religiosa. Ni siquiera centrarse solo en confesiones religiosas.
 
¿Sabíais que las leyes que regulan los procedimientos para las denuncias de abusos sexuales en el Estado de Pensilvania son radicalmente distintas si el presunto hecho tiene lugar en una escuela pública a si tiene lugar un establecimiento religioso? ¿Qué Estado podría mantener su sistema público de educación si hubiera sido sometido al nivel de presión judicial que la Iglesia Católica? Por eso el legislador se ocupó de que la ley no fuera igual para todos. Teóricamente era para proteger al maestro.
 
Pero, en este caso de Nueva York, la “investigación” que no es realmente tal, va a provocar unos daños increíbles, de eso no hay ninguna duda. No va a producir resultados para las víctimas y sí que va a producir graves perjuicios al investigado.
 
Y lo malo es que si, como parece, la fiscal va a exigir todos los archivos con información relativa a este asunto de los abusos, va a generar una cantidad de perplejidades increíbles. ¿Todos los archivos incluyen los informes médicos de hospitales católicos respecto a sacerdotes? ¿Las anotaciones que un obispo hizo tras una conversación y que metió en la carpeta de un sacerdote? Estamos hablando de conversaciones privadas entre un obispo y un sacerdote. ¿Qué confianza se puede tener en la reserva y discreción de lo dicho en el despacho de un obispo si cualquier cosa admitida ante él en la soledad puede acabar a la vista de todos?
 
Una cosa es que un fiscal tenga pleno acceso a los archivos y busque lo que le interesa para una investigación. Y otra muy distinta que exija que se le entregue todo.
 
Además, si un obispo decide que algo no tiene relación con el tema, después puede ser acusado de encubrimiento. Ya no estamos hablando de un papel que refleja la denuncia de una víctima, sino de las cosas que dijeron de ese sacerdote al preguntar a su párroco, a sus coadjutores, a sus vecinos sacerdotes. El resultado puede ser negativo respecto al tema de abusos, pero (metiendo la mano en el estiércol) pueden salir en esas investigaciones del obispo otras muchas cosas nada positivas que ese sacerdote tenía derecho a que se mantuvieran ocultas. Si la fiscal exige la entrega de todos los archivos, indudablemente eso incluye los informes confidenciales de este tipo, por más que sean exculpatorios. Y por más que sean exculpatorios, en las preguntas y respuestas pueden salir muchas otras cosas. Como se ve, una medida como la de las señora Underwood es tremenda, dadas las ramificaciones que estos asuntos tienen.
 
A la altura de mi vida en la que estoy, he tenido que aconsejar acerca de asuntos de conciencia. Y os puedo asegurar que las ramificaciones son tan extensas como la vida misma. Las dudas que van a surgir en los obispos acerca de qué entregar o no entregar van a ser numerosas y con graves implicaciones para el derecho a la intimidad de sacerdotes que, durante una etapa de su vida, flaquearon. No hay derecho a esto.
 
No estamos hablando de una investigación, sino de dirigirse específicamente contra la Iglesia Católica en un proceso sin fin de relevancia únicamente para los medios, no para la administración de justicia. Tampoco me consolaría, para nada, que, dentro de unos meses, emprenderían una cruzada contra los rabinos o los ortodoxos. Los servidores de la Justicia deben ser neutrales, imparciales e inflexibles. Y, precisamente, huir de todo lo que sean puestas en escena pensadas para los votantes, como hemos visto en Pensilvania.
 
A los servidores de la Ley les pido que sean inflexibles con los sacerdotes. Yo seré el primero en defender su alta función. Pero este tipo de autos de fe son repugnantes.

 
 
 
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P. José Antonio Fortea es sacerdote español, Licenciado en teología, escritor y experto en demonología.
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