Abusos de estado contra el sacramento de la confesión

17 de agosto de 2018

Una nueva coyuntura de la persecución que padecen los católicos en el mundo.

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En India, la presidenta de la Comisión Nacional para las Mujeres (National Commission for Women o NCW), Rekha Sharma, ha pedido que se prohíba el sacramento de la confesión. Según explica UCA News en un artículo publicado a finales de julio, la agencia federal ha propuesto además llevar a cabo una investigación federal sobre dos casos de violación y de abusos sexuales, que implican a miembros del clero de dos Iglesias.

La propuesta, formulada por la presidenta de la comisión en una carta dirigida al primer ministro Narendra Modi y a otros miembros de su gabinete, fue suscitado por el “extraño asunto” — así lo define el diario italiano Avvenire— de intimidaciones y chantajes hacia una joven de Kerala, obligada a sufrir abusos repetidos y prolongados en el tiempo por parte de algunos sacerdotes de la Iglesia ortodoxa siro-malancar [1].

“Los sacerdotes empujan a las mujeres a revelar sus secretos”, sostiene la presidenta de la comisión, que habló de “solo la punta del iceberg” y recomendó también una investigación federal sobre las acusaciones de violación interpuestas por una monja católica de 48 años contra el obispo de la diócesis de Jalandhar (o Jullundur), en el Estado del Punjab, Franco Mulakkal. El prelado ha sido interrogado por la policía, y su arresto podría ser inminente, según fuentes locales.

La reacción del episcopado

No se ha hecho esperar la reacción por parte de la Iglesia en India. En un comunicado de prensa publicado en el sitio de la Conferencia de los Obispos Católicos de la India (Catholic Bishops’ Conference of India o CBCI), el cardenal Oswald Gracias, arzobispo de Mumbai (o Bombay) y presidente del organismo, declaró estar “asombrado” al leer en la prensa la petición por parte de la NCW.

“Esta petición de la Comisión – declara el purpurado – muestra una total falta de comprensión de la naturaleza, significado, sacralidad e importancia de este sacramento para nuestro pueblo, y también una ignorancia de las rígidas leyes de la Iglesia para prevenir cualquier abuso”.

Según el cardenal Oswald Gracias, que forma parte del Consejo de los Cardenales – más conocido con la sigla “C9” instituido por el papa Francisco para asistirlo en la reforma de la Curia-, semejante prohibición constituiría “una directa violación de nuestra libertad religiosa garantizada por la Constitución”.

“Millones de personas en todo el mundo, durante los siglos, han dado testimonio del beneficio espiritual de este sacramento y de la gracia, perdón y paz que han experimentado como resultado de recibir este Sacramento”, añadía Gracias, que calificó de “absurda” la petición de la Comisión, la cual “no entiende nada” de cuestiones religiosas.

“No son asunto suyo interferir con las cuestiones religiosas de los cristianos”, dijo a su vez el secretario-general de la CBCI, monseñor Theodore Mascarenhas, citado por UCA News. “Generalizar y estigmatizar a toda una comunidad por los presuntos delitos de algunas personas es completamente injusto”, declaró el obispo auxiliar de la archidiócesis de Ranchi, en el Estado de Jharkhand.

Acusación de tráfico de niños

La petición de prohibir la confesión no es el único tema que provoca tensiones entre las autoridades indias y la Iglesia local. Tras una denuncia formal del partido nacionalista hindú BJP (Bharatiya Janata Party), la policía de Jharkhand arrestó el pasado 4 de julio a una empleada de una casa para madres solteras gestionada por las Misioneras de la Caridad en Ranchi, acusada de vender un recién nacido a una pareja. También se arrestó a una monja, acusada de “complicidad”, y las autoridades indias han ordenado investigaciones exhaustivas en todas las casas para niños gestionadas por la congregación.

Sobre este caso ha intervenido la superiora general de la congregación, sor Mary Prema Pierick, que en una declaración tomada por la agencia AsiaNews condenó “de manera inequívoca” las acciones individuales, “que no tienen nada que ver con la congregación de las Misioneras de la Caridad”.

Tras ofrecer un relato preciso de lo que “realmente” sucedió, la religiosa de origen alemán denuncia “que se difunden muchos mitos informaciones distorsionadas y noticias falsas, junto con alusiones infundadas que se lanzan contra las monjas de Madre Teresa”. Sr. Prema define como “penoso” el modus operandi de las autoridades indias, recordando que “solo dos semanas antes” habían descrito como “excelente” el ambiente ofrecido por las hermanas a los niños.

También el activista católico John Dayal, ex presidente de la All India Catholic Union, denuncia la instrumentalización del caso – Narendra Modi, del BJP, intentará renovar su mandato en las elecciones políticas del 2019. “Los partidarios nacional-religiosos del gobierno y los grupos hindúes no pierden ocasión para acusar a las Misioneras de la Caridad, y a través de ellas a toda la Iglesia de India, de conversiones forzadas al cristianismo, de tráfico de niños a gran escala y otros crímenes”, explica el co-fundador del All India Christian Council. “El gobierno indio, incitado por el nacionalismo religioso hindú, ha decidido dar una lección a la comunidad cristiana”, añade Dayal, citado por Avvenire. Para el diario, se trata de un escándalo “inflado” completamente.

Ataque al secreto del sacramento en Australia

Sin precedentes. Con estas palabras fue calificada la ley aprobada el pasado 7 de junio por el Australian Capital Territory (ACT), el Territorio de la capital federal Canberra, que obliga a los sacerdotes que tengan conocimiento de casos de pedofilia a través del sacramento de la confesión, a denunciar los hechos a las autoridades competentes, aunque esto suponga violar el secreto de confesión. Además del ACT, otros tres Estados han anunciado legislaciones parecidas: Australia Meridional, Australia Occidental y Tasmania.

La norma, que sigue las recomendaciones contenidas en un informe de la Royal Commission into Institutional Responses to Child Abuse, publicado el pasado mes de diciembre, fue criticada en seguida por la iglesia australiana, porque mina un principio clave de la fe católica, es decir, la confidencialidad del confesionario, tutelada por el can. 983 del Código de Derecho Canónico [2] y confirmada por el Catecismo de la Iglesia Católica [3].

En una reacción publicada en el Canberra Times, el arzobispo de Canberra y Goulburn, Christopher Prowse, observa que “romper el sagrado sello de la confesión no impedirá los abusos y no ayudará a nuestros esfuerzos en curso por mejorar la seguridad de los niños en las instituciones católicas”.

Mientras afirma que apoya plenamente el programa del gobierno para señalar todas las acusaciones relacionadas con los abusos a menores al defensor del pueblo de la ACT, el prelado declara que no puede apoyar el plan gubernamental de “romper el sello de la confesión religiosa”.

Al contrario, pregunta el arzobispo, ¿qué abusador sexual se confesaría con un sacerdote sabiendo que podría ser denunciado? “Si el secreto se levanta, la remota posibilidad de que estas personas se confiesen y se les pueda aconsejar que confiesen [ante las autoridades] desaparece”, escribe Prowse, que añade que los “pedófilos cometen actos criminales malvados e indecibles” y “esconden sus crímenes”, pero “no se autodenuncian”.

Por lo demás, sugiere el arzobispo, la confesión es anonima y nada garantiza que un sacerdote conozca la identidad del penitente, también por el hecho de que podría haber una rejilla en el confesionario, lo que impide la vista al confesor.

A pesar del riesgo de una multa de 10.000 dólares australianos, un grupo de 600 sacerdotes ya ha anunciado que mantendrá el secreto de confesión. “Todo sacerdote digno de su nombre haría todo lo necesario para proteger a los niños, pero sin violar el secreto de la confesión”, dijo el presidente del Australian Confraternity of Catholic Clergy (ACCC), Scot Anthony Armstrong, citado por Sky TG24. “No es solo cuestión de derecho canónico, sino de derecho divino, del que la Iglesia no tiene el poder de dispensar”, recuerda el sacerdote en una declaración publicada en el sitio de la ACCC.
 
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1] La Iglesia ortodoxa siro-malancar, conocida también como Iglesia ortodoxa jacobita siro-malancar, forma parte de la Iglesia ortodoxa siriaca y está bajo la jurisdicción del Patriarcado de Antioquía.
2] Cfr. Can. 983 – §1: “El sigilo sacramental es inviolable; por lo cual está terminantemente prohibido al confesor descubrir al penitente, de palabra o de cualquier otro modo, y por ningún motivo”.
3] Cfr. n° 1467: “Dada la delicadeza y la grandeza de este ministerio y el respeto debido a las personas, la Iglesia declara que todo sacerdote que oye confesiones está obligado a guardar un secreto absoluto sobre los pecados que sus penitentes le han confesado, bajo penas muy severas (CIC can. 983-984. 1388, §1; CCEO can 1456). Tampoco puede hacer uso de los conocimientos que la confesión le da sobre la vida de los penitentes. Este secreto, que no admite excepción, se llama “sigilo sacramental”, porque lo que el penitente ha manifestado al sacerdote queda “sellado” por el sacramento”.
 

Fuente: Aleteia

 

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